La comunidad arhuaca de la Sierra Nevada está en medio del fuego cruzado entre los grupos ilegales.
La comunidad arhuaca de la Sierra Nevada está en medio del fuego cruzado entre los grupos ilegales.
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Cortesía Asociación Arhuaco

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Serankwa, La Fuente y Cerro Azul, entre las zonas más álgidas de la guerra entre ACSN y ‘Clan del Golfo’

Estos enfrentamientos entre los grupos ilegales, en Magdalena, se han extendido a municipios como Ciénaga, Fundación y otras zonas rurales de Santa Marta.

La guerra se recrudece en el Magdalena. Los enfrentamientos entre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo mantienen a más de una población en riesgo inminente, ante la posibilidad de resultar heridas o asesinadas en medio del fuego cruzado entre estos dos grupos ilegales que se disputan el control territorial de la Sierra Nevada.

De acuerdo con José Humberto Torres, director de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, entre 2023 a 2026, este conflicto se ha intensificado porque ambos grupos paramilitares buscan controlar las rutas del narcotráfico hacia el Caribe, los corredores entre Magdalena, Cesar y La Guajira, además de las economías ilegales como la extorsión, el microtráfico y el control social armado.

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Señaló que, si bien las zonas más álgidas del conflicto se concentran en el municipio de Aracataca —donde se ubica la comunidad indígena de Serankwa—, así como en el corregimiento de Cerro Azul y la vereda La Fuente, los enfrentamientos se han extendido a sectores de Ciénaga, Fundación y zonas rurales de Santa Marta.

“Los combates recientes han dejado muertos, heridos, desplazamiento y confinamiento”, precisó.

Indicó que la zona donde se ubica la comunidad indígena de Serankwa resulta estratégica para los grupos armados porque conecta territorios ancestrales de la Sierra con corredores hacia el Caribe.

Estos combates, que han sido directos en este sector, afectan además a otros asentamientos arhuacos como son Gumaku, Seynurwa, Jechika.

Comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Las comunidades han quedado confinadas por los enfrentamientos, varias personas de la comunidad arhuaca han resultado heridas o asesinadas”, afirmó Torres, quien agregó que los reportes, hasta el 12 de marzo, daban cuenta de 3 indígenas arhuacos asesinados; 12 heridos y algunas personas desaparecidas.  

Entretanto, en la vereda La Fuente, en el corregimiento Cerro Azul, de acuerdo con José Humberto Torres, se han registrado enfrentamientos de más de 48 horas continuas, lo que ha hecho que decenas de familias se tengan que desplazar por el fuego cruzado de las ACSN y el ‘Clan del Golfo’.

“Es un corredor clave de movilidad en la montaña. El corregimiento de Cerro Azul, en la zona rural de Aracataca, es considerado una puerta de entrada a la Sierra Nevada. Aquí se concentran varios factores como rutas de acceso hacia territorios indígenas, caminos hacia La Guajira y el Cesar, además de zonas donde los grupos armados buscan consolidar control territorial. Por eso se han registrado allí combates recientes y presencia permanente de grupos armados”, explicó el director de la URT en Magdalena.

El conflicto, según Torres, también se ha extendido hacia otros municipios de la Sierra Nevada como Ciénaga en sus corregimientos de Palmor, San Javier y San Pedro; en Fundación en la vereda El Cincuenta, y otras zonas rurales cercanas a Santa Marta.

En estas áreas también se han registrado desplazamientos, confinamientos y control armado de la población. Todas estas áreas son corredores estratégicos entre la montaña y el Caribe, lo que explica por qué los grupos armados se disputan su control”, anotó.

Proteger a la población civil

José Humberto Torres aseguró que es imperativo en estos momentos, por parte del Estado, proteger a la población civil que se encuentra en la línea roja de este conflicto entre las ACSN y el ‘Clan del Golfo’.

Indicó que se hace necesario construir corredores humanitarios para evacuar heridos y permitir la movilidad segura de comunidades indígenas.

Asimismo, sostuvo que se requiere con urgencia la presencia permanente de misiones humanitarias como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Cruz Roja, así como también atención médica y alimentaria inmediata para comunidades confinadas.

Hay que hacer una protección especial para niños, mujeres y autoridades indígenas. Estas medidas se basan en el principio de protección de civiles del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los Convenios de Ginebra”, anotó.

La comunidad indígena arhuaca es la más afectada con los enfrentamientos entre 'Pachencas' y 'Clan del Golfo'.

Por otra parte, manifestó que el Estado tener volver a tener el control territorial de esta zona, debido a que el conflicto persiste porque estos grupos desean controlar los corredores estratégicos en la Sierra.

“El Estado debería establecer una presencia permanente de la Fuerza Pública, no solo operativos temporales, desmantelar las economías ilegales y crear bases de seguridad rural en zonas críticas”, mencionó.

Expuso que estas acciones implican enfrentar militarmente estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Sin control estatal real del territorio, los grupos armados vuelven a ocupar el espacio”, enfatizó.

Cumplir la política de ‘Paz Total’

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Magdalena, José Humberto Torres, sostuvo que es de gran importancia cumplir con la política de ‘Paz Total’ para frenar estos enfrentamientos que ponen en riesgo a las comunidades.

Precisó que el Gobierno ha planteado negociaciones con distintos grupos armados y para que esto funcione en la Sierra Nevada, dijo, se necesita de procesos de sometimiento o negociación con estructuras armadas, compromisos verificables de cese de hostilidades contra civiles y mecanismos internacionales de verificación.

Por otra parte, ahondó en la necesidad de contribuir al desarrollo territorial de estas zonas y tener presencia institucional.

Muchos territorios de la Sierra han tenido débil presencia del Estado durante décadas. Se requieren políticas estructurales, además de vías y servicios básicos, educación intercultural, acceso a salud y apoyo a economías comunitarias. Cuando el Estado no está presente, los grupos armados terminan ejerciendo control social y económico”, subrayó.

Asimismo, destacó de importancia ejercer protección del territorio indígena con acciones tendientes a garantizar el respeto al territorio ancestral y a la autonomía indígena, implementar guardias indígenas fortalecidas, además de establecer mecanismos de protección colectiva para comunidades.

La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico o cultural requieren protección reforzada del Estado, especialmente desde el Auto 004 de 2009”, puntualizó.

Alerta de crisis humanitaria y llamado a acciones urgentes

La plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales 'Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Caribe', con incidencia nacional e internacional, alertó sobre una grave crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta, producto de los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el ‘Clan del Golfo’.

Advirtieron que, entre el 4 y 7 de febrero de 2026, se presentó el primer desplazamiento forzado de 250 familias, que tuvieron que dejar el territorio por el temor de los combates y la presencia de estos grupos armados ilegales.

Señaló que, a pesar de la gravedad de la situación, no se han activado suficientes acciones humanitarias urgentes para “salvaguardar la vida, integridad y derechos fundamentales de la población civil afectada”.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno nacional para que actúe de manera inmediata y adopte las medidas urgentes del caso.

“Instamos al Ministerio del Interior de Colombia a activar mecanismos de prevención y protección para las comunidades en riesgo, y al Ministerio de Defensa de Colombia a adoptar medidas que garanticen la seguridad de la población civil y eviten nuevos enfrentamientos en territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas”, apuntó la plataforma de derechos humanos y sociales.

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